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2.° aniversario de cabronada en la CA

Por: Redacción Crítica -

Hoy hace dos años, producto de la operación de la “Procuraduría Paralela”, que se ordenaron una serie de detenciones por un supuesto caso de “peculado” contra la Caja de Ahorros (CA), donde no hubo lesión sino que el banco logró una ganancia de más de $5 millones.

El exprecandidato presidencial y expresidente de la CA, Riccardo Francolini, fue detenido el 12 de octubre de 2016 tras ser allanada su residencia y permaneció más de 8 meses en prisión, así como el exgerente Jayson Pastor, otros exdirectivos de la CA vieron afectada su vida personal y profesional.

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Hace poco el Juzgado XIV dictó un sobreseimiento definitivo a favor de 22 personas en dicho caso, destacando que no hubo delito por comisión u omisión.

Este proceso fue instruido por los fiscales Tania Sterling y Adecio Mojica, con base en una noticia del diario La Prensa y fue uno de los coordinados por la “Procuraduría Paralela”, a cargo del abogado particular Rogelio Saltarín.

El exsubgerente Rodrigo Arosemena Pino, así como los exdirectivos Ricardo Arango Pezet, Ricardo Chanis, Fernando Correa y Anastacio Ruiz, también fueron sobreseídos al igual que el exvicepresidente Felipe Virzi y West Valdés, entre otros.

El caso se inició tras un préstamo por $9 millones que en enero del 2013 otorgó la CA al consorcio HPC-Contratas-P&V para la construcción del centro de convenciones de Amador, el cual tenía como garantías un terreno en Chepo valorado en $24 millones y fianzas por $390 millones. El préstamo fue pagado y la Caja de Ahorros logró ganancias por $1 millón.

La juez Vilma Urieta destacó que los fiscales no acreditaron el hecho punible, ni se demostró que hubo una lesión al patrimonio del Estado, el cual no fue vulnerado.

El tribunal también valoró una propia auditoría de la CA donde reconoce que de un grupo de préstamos analizados, el que fue objeto de investigación de los fiscales fue el que más cumplió con el procedimiento correcto y no se determinó ningún perjuicio a la Caja de Ahorros.

En el expediente tampoco existía una auditoría de la Contraloría, porque no tenía la facultad de hacerla, ya que la supervisión corresponde a la Superintendencia de Bancos, tal como lo establece la Ley 52 del 13 de diciembre de 2000, que reorganiza la Caja de Ahorros.

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