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El 4, audiencia para fianza a ‘El Loco’

Por: Jorge Luis Barría Crítica -

La defensa de Ricardo Martinelli denunció que el exmandatario de Panamá ha sobrepasado con creces el tiempo de detención que puede pasar una persona investigada en el Sistema Penal Acusatorio (SPA). El 4 de febrero habrá una audiencia para decidir una fianza y el 12 de marzo sería el juicio oral del caso pinchazos.

El equipo de abogados de Martinelli denunció que las presiones contra el expresidente persisten y en plena Jornada Mundial de la Juventud han tenido informes que lo quieren trasladar a La Gran Joya.

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El exmandatario a través de sus abogados está solicitando al papa Francisco que rompa su protocolo y lo visite en El Renacer, donde conocerá sobre lo que está pasando.

Ayer, el magistrado fiscal del caso pinchazos, Harry Díaz, envió al Ministerio Público la carpeta de la causa y se asignó al fiscal segundo contra la delincuencia organizada, Ricaurte González.

El juicio oral fue fijado para las 9:00 a.m. del 12 de marzo de 2019, en la sede del SPA en plaza Ágora, mientras que para el próximo 4 de febrero, a las 9:00 a.m., se agendó una audiencia para atender una solicitud de fianza de excarcelación.

Martinelli tiene 19 meses detenido en un proceso que ha sido armado políticamente, según denunciaron los defensores.

Actualmente los defensores del exmandatario mantienen 13 recursos que esperan que sean resueltos por la Corte Suprema de Justicia.

Para Luis Eduardo Camacho, el expresidente Martinelli se encuentra secuestrado en El Renacer por el presidente Juan Carlos Varela. El vocero del exmandatario anunció manifestaciones pacíficas durante la audiencia de solicitud de fianza de excarcelación programada para el 4 de febrero.

Por su parte, Jessica Canto, otra de las defensoras, denunció que a Martinelli no le han dado la oportunidad de participar de alguna terapia ocupacional dentro del centro penitenciario.

Mientras que Roiniel Ortiz denunció que varios de los abogados de Martinelli están siendo sometidos a amenazas, por lo que han tenido que asistir al Ministerio Público para interponer las denuncias respectivas.

“Nos han interceptado los teléfonos, nos dan seguimiento, nos están plantando micrófonos, nos quieren implantar drogas y armas”, dijo Ortiz.

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