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Justicia arrodillada

Es indudable el notorio tinte político que tiñe la decisión del pleno de la Corte Suprema de Justicia, en la que se negó la declinatoria de competencia a la justicia ordinaria del caso al expresidente Ricardo Martinelli, toda vez que el mandatario dejó de ser parlamentario centroamericano, por lo que inmediatamente debió cesar la competencia del pleno de la Corte.

Ante propios y extraños, la sensación que queda es que la justicia se ha arrodillado complaciente ante el poder que la somete en lascivos devaneos de prebendas.

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En los casos del magistrado Victor Benavides, ante el trance de ser investigado por la Asamblea Nacional por su condición de magistrado, prefirió renunciar a su calidad de togado, para que el caso pasara a la justicia penal ordinaria. Igual sucedió con el presidente Martin Torrijos, dentro del sonado escándalo del Cemis.

En el caso de Ricardo Martinelli, la Corte Suprema de Justicia ha contrariado lo preceptuado por el Código Procesal Penal y su propia jurisprudencia e insiste en darle al exmandatario una calidad de la cual ya se desprendió: la de diputado y así tercamente, retener la competencia, en lo que es a todas luces un sainete de corte político.

Eso nos recuerda el juzgamiendo del doctor Arnulfo Arias, cuando la Asamblea Nacional de la época lo ‘condenó’ de por vida a la perdida de sus derechos políticos. El plan era claro, desterrarlo para siempre del panorama político nacional. Igual quieren hacer con Martinelli.

En el caso del expresidente, no dudamos que la aberrante decisión del pleno tendrá funestas consecuencias para la administración de justicia, y una vez más queda demostrado que la administración de justicia está al servicio del poder.

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